La Audiencia Provincial de Oviedo ha ratificado una sentencia crucial del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cangas de Onís que anula un préstamo de 27.500 euros y un contrato de tarjeta prepago virtual. Estos acuerdos financieros fraudulentos fueron suscritos a nombre de una clienta de una conocida entidad bancaria malagueña tras un sofisticado ataque cibernético que utilizó técnicas de «phishing» y «smishing». Durante este ciberataque, los delincuentes lograron acceder a las claves bancarias de la víctima.

El caso se originó en abril de 2022, cuando la residente de Cangas de Onís notó movimientos sospechosos en su cuenta después de recibir múltiples llamadas fraudulentas. Aunque la cliente no proporcionó información bancaria a los estafadores, estos consiguieron vincular un teléfono móvil no autorizado. Gracias a esta vinculación, los ciberdelincuentes pudieron contratar un préstamo instantáneo y una tarjeta prepago, ya que las claves eran enviadas al dispositivo fraudulento, permitiéndoles así el acceso completo a sus fondos.

Íñigo Serrano, abogado del despacho Sello Legal Abogados y representante de la afectada, ha subrayado que la sentencia pone de relieve la importancia de que las instituciones financieras asuman una responsabilidad activa en la protección de los bienes de sus clientes. El tribunal señaló que el banco no consiguió demostrar que había adoptado medidas de seguridad suficientes para prevenir el fraude, lo que evidenció una falta de diligencia en la supervisión de las cuentas involucradas.

La resolución enfatiza la inadecuación de los sistemas de autenticación empleados por la entidad financiera y su incapacidad para detectar transacciones de alto riesgo. Como parte del fallo, se ordena que el banco restituya la cuenta de la víctima a su estado anterior al fraude y asuma las costas del juicio.

Este veredicto establece un importante precedente en el ámbito de la ciberseguridad y la protección del consumidor financiero. Destaca la imperiosa necesidad de que las entidades financieras adopten medidas tecnológicas y de control eficaces para evitar fraudes que puedan perjudicar a sus clientes. La justicia ha dejado claro que el avance tecnológico debe estar acompañado de una sólida protección, impidiendo que el riesgo recaiga injustamente sobre los consumidores.