Mientras la justicia francesa obliga a Cloudflare a bloquear el acceso a contenidos piratas de MotoGP, en España las IPs del proveedor están siendo vetadas masivamente por orden de LaLiga, generando problemas incluso en servicios legítimos.
La lucha contra la piratería audiovisual en Europa suma un nuevo episodio clave: el Tribunal Judicial de París ha emitido una sentencia que obliga a Cloudflare a aplicar medidas de bloqueo sobre una serie de sitios piratas que retransmiten ilegalmente el campeonato de MotoGP. Canal+ ha sido el impulsor de esta demanda que ha dado como resultado un fallo sin precedentes en Francia, al reconocer por primera vez el triple rol técnico de Cloudflare como proveedor alternativo de resolución DNS, CDN y servicio de proxy inverso.
Pero mientras en Francia se avanza con decisiones judiciales coordinadas con el regulador audiovisual ARCOM, en España la estrategia es diferente… y más polémica.
Francia establece un nuevo precedente legal contra la piratería
El tribunal francés ha exigido que Cloudflare bloquee dominios ilegales mediante técnicas como:
- Supresión de resolución DNS,
- Suspensión de servicios CDN asociados a dichos dominios,
- Desactivación del proxy inverso que actúa como escudo técnico.
Además, se autoriza la activación de medidas dinámicas a lo largo de toda la temporada de MotoGP, en coordinación con ARCOM. El tribunal también rechazó los argumentos de Cloudflare que alegaban desproporcionalidad técnica o económica, y reconoció que sus servicios contribuyen activamente a la difusión de contenidos ilícitos.
Este fallo se suma a otras decisiones judiciales en Europa, como en Italia y Alemania, donde Cloudflare ya fue requerida para colaborar en el bloqueo de sitios piratas. Se consolida así una doctrina que amplía la responsabilidad de los intermediarios técnicos en la distribución de contenidos protegidos.
En España: bloqueos sin control a IPs de Cloudflare
En paralelo, en España, la estrategia legal difiere pero genera debate en la comunidad técnica. LaLiga ha obtenido resoluciones judiciales que le permiten solicitar bloqueos a nivel IP de servidores vinculados a Cloudflare que, supuestamente, facilitan la retransmisión no autorizada de partidos de fútbol.
El problema radica en la ejecución: estos bloqueos se están aplicando de forma generalizada a rangos de IPs completos, sin discernir si los sitios web afectados están relacionados o no con contenidos deportivos. Numerosos servicios web, proyectos personales y páginas legítimas que simplemente utilizan la infraestructura de Cloudflare han visto interrumpido su funcionamiento en determinados proveedores de acceso a Internet en España.
Esta situación ha levantado críticas en el ecosistema técnico, ya que:
- No hay un mecanismo de transparencia pública sobre qué dominios se bloquean.
- No existe un proceso de verificación para excluir servicios legítimos.
- Los propietarios de los sitios afectados no reciben notificación previa ni tienen opciones claras de recurso.
Algunos expertos apuntan que se está produciendo un efecto colateral preocupante, equiparable a cerrar una autopista porque un coche la utiliza para delinquir.
El dilema: ciberseguridad, derechos y neutralidad de red
La ofensiva legal contra Cloudflare plantea una tensión evidente entre la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual y los principios de neutralidad y funcionalidad de internet. ¿Dónde se encuentra el equilibrio entre impedir la piratería y garantizar que servicios legítimos no sean bloqueados por error?
Desde el punto de vista técnico, Cloudflare actúa como intermediario de alto rendimiento para millones de sitios web, incluyendo instituciones públicas, medios de comunicación, proyectos open source y tiendas online. Un bloqueo mal ejecutado puede generar consecuencias desproporcionadas y afectar la confianza en la infraestructura digital.
Por su parte, Cloudflare mantiene su postura: no aloja contenidos y simplemente proporciona servicios de rendimiento y seguridad. Pero los tribunales europeos comienzan a ver su rol como parte activa de la cadena de transmisión, lo que podría generar un efecto dominó en otras jurisdicciones.
¿Qué sigue?
En Francia, esta sentencia marca el inicio de un modelo más colaborativo entre la justicia y los reguladores audiovisuales. En España, se hace urgente una revisión del modelo actual de bloqueos por IP para evitar daños colaterales y garantizar un mayor control, transparencia y proporcionalidad.
La lucha contra la piratería no puede ir en contra del funcionamiento libre, seguro y confiable de internet. Si bien proteger los contenidos es legítimo, debe hacerse con garantías técnicas, jurídicas y con respeto al ecosistema digital.
Información recibida de agencia de prensa e información judicial de Francia.
