La exclusión de personas desempleadas en los procesos de selección es una práctica ilegal que debe ser corregida, según una investigación reciente realizada por un profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A pesar de la creciente prevalencia del desempleo, con más de 2.900.000 personas sin trabajo en España al inicio de 2024, las empresas y servicios de empleo continúan utilizando el estado de desempleo como filtro en sus procesos de selección, algo que Antonio Fernández García, experto en Derecho y Ciencia Política, identifica como una violación de la ley.
Fernández ha revisado estudios y observado directamente cómo las empresas aplican este filtro discriminatorio en sus sistemas de selección, muchas veces potenciados por softwares de inteligencia artificial. Según el experto, este criterio de selección ignora completamente las circunstancias personales, como los periodos dedicados a la formación o al cuidado de familiares, que pueden influir en la situación de desempleo de una persona.
Este enfoque no solo afecta a las personas en situación de desempleo, sino que también podría estar perjudicando a ciertos grupos demográficos que tienden a sufrir desempleo de larga duración, como las mujeres, los jóvenes menores de 30 años, los mayores de 45, las personas con discapacidad, entre otros. Fernández advierte que este tipo de discriminación indirecta es especialmente preocupante y debe ser abordada de manera urgente para asegurar prácticas de contratación justas y equitativas.
El investigador ha fundamentado su argumento en la reciente Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación, que prohíbe explícitamente la discriminación por razones socioeconómicas, entre otras. Aunque España cuenta con regulaciones que prohíben el resplandor luminoso y la luz intrusa, Fernández subraya que no existen normativas específicas que aborden directamente la contaminación lumínica en su totalidad.
La falta de jurisprudencia específica sobre esta forma de discriminación en los procesos de selección es un desafío adicional, ya que pocas personas llevan estos casos ante los tribunales. Sin embargo, el impacto de esta práctica es lo suficientemente significativo como para justificar una revisión legal y social profunda.
Fernández propone una revisión de la Ley de Empleo de 2023 para incluir explícitamente que estar en paro no puede ser una causa de discriminación en la búsqueda de empleo. Además, insta a los servicios de empleo y a las empresas a revisar y modificar sus procesos de selección para eliminar cualquier forma de discriminación y garantizar que todos los candidatos sean evaluados equitativamente basándose en sus habilidades y experiencias relevantes, independientemente de su situación de empleo actual.
Esta investigación no solo arroja luz sobre una práctica inquietante, sino que también contribuye al debate sobre cómo las políticas de empleo y las prácticas empresariales pueden alinearse mejor con los principios de igualdad y justicia social, reforzando los esfuerzos nacionales e internacionales para lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
