El Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona ha admitido a trámite los incidentes de nulidad presentados por Cloudflare y la comunidad de ciberseguridad RootedCON, en un intento por frenar los bloqueos de direcciones IP y dominios aplicados por LaLiga y Telefónica Audiovisual en cada jornada de retransmisiones de fútbol. Esta decisión abre la puerta a una posible revisión de las medidas impuestas y pone en entredicho la legalidad de los bloqueos masivos sin garantías suficientes.
Cloudflare impugna los bloqueos por considerarlos indiscriminados
Cloudflare fue la primera entidad en presentar un incidente de nulidad, alegando que la sentencia que permite estos bloqueos vulnera derechos fundamentales y que el juzgado no fue informado adecuadamente sobre los «previsibles perjuicios a terceros y al interés público». La compañía busca establecer un precedente que impida el uso de medidas indiscriminadas en futuras solicitudes de bloqueo, garantizando que los titulares de derechos no antepongan sus intereses comerciales a los derechos digitales de los usuarios.
Según publica BandaAncha.eu y Revista Cloud, el juzgado ha dado un plazo de cinco días a las partes involucradas para presentar alegaciones. LaLiga y Telefónica Audiovisual ya han respondido oponiéndose a la petición de Cloudflare.
RootedCON se suma con pruebas periciales sobre daños colaterales
A la impugnación de Cloudflare se suma la iniciativa de RootedCON, una comunidad de ciberseguridad que, junto con un grupo de afectados y representados por el abogado especialista en ciberderecho Javier A. Maestre, ha presentado su propio incidente de nulidad. En su escrito, incluyen un informe pericial que documenta el impacto negativo de los bloqueos, demostrando que afectan a terceros sin relación alguna con la retransmisión ilegal de contenidos deportivos.
Este segundo incidente también ha sido admitido a trámite, otorgando un nuevo plazo de cinco días para que las partes afectadas presenten alegaciones.
El futuro de los bloqueos en manos del juzgado
La admisión de estos incidentes no implica la suspensión automática de los bloqueos, pero sí obliga al juez a reevaluar la proporcionalidad y legalidad de las medidas impuestas. A partir de este momento, pueden darse distintos escenarios:
- Revisión y ajuste de la sentencia: Aunque es poco probable que el juzgado anule completamente la resolución, podría precisar las condiciones bajo las cuales se deben aplicar los bloqueos para minimizar daños a terceros.
- Imposición de garantías adicionales: Se podrían exigir mecanismos de supervisión más rigurosos sobre los listados de IPs y dominios bloqueados, evitando que medidas arbitrarias afecten servicios legítimos.
- Corrección de la implementación de los bloqueos: En caso de que se desestimen los incidentes de nulidad, el tribunal aún podría ordenar cambios en la forma en que se ejecutan las restricciones para reducir su impacto negativo.
Este proceso judicial ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la lucha contra la piratería y la protección de derechos fundamentales en el entorno digital. Mientras los titulares de derechos buscan herramientas más agresivas para frenar la distribución ilegal de contenidos, los defensores de la neutralidad en la red advierten sobre los peligros de medidas desproporcionadas que pueden afectar a usuarios y servicios legítimos.
