LaLiga y Telefónica, cuestionadas por su política de bloqueos masivos: servicios legítimos y usuarios, los grandes perjudicados

LaLiga continúa su cruzada contra la piratería audiovisual con un discurso plagado de términos como “inteligencia artificial”, “big data” y “bloqueos dinámicos”. Sin embargo, detrás de las notas de prensa que buscan justificar estas actuaciones, la realidad muestra un escenario preocupante: los bloqueos masivos aplicados en cada jornada de fútbol están afectando gravemente a servicios legales, plataformas tecnológicas y millones de usuarios que nada tienen que ver con actividades ilícitas.

La controversia ha escalado hasta el ámbito judicial. El Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona ha admitido a trámite los incidentes de nulidad presentados por Cloudflare —uno de los mayores proveedores globales de seguridad y CDN— y por la comunidad de ciberseguridad RootedCON. Ambos actores buscan frenar el uso abusivo de las órdenes de bloqueo aplicadas por LaLiga y Telefónica Audiovisual. Esta decisión judicial abre la puerta a una posible revisión de la estrategia que LaLiga lleva años ejecutando con la complicidad de ciertos operadores.

Cloudflare, en su recurso, denuncia que estos bloqueos indiscriminados están afectando a decenas de miles de servicios legítimos. Lo que debería ser una actuación quirúrgica contra dominios que facilitan piratería, acaba impactando a proyectos empresariales, portales educativos, tiendas online e infraestructuras críticas que comparten direcciones IP en redes y servidores de gran escala.

Por su parte, la comunidad RootedCON, que aglutina a expertos en ciberseguridad, advierte de que estas medidas están dañando la confianza en la neutralidad de la red y en el funcionamiento de Internet en España. La organización argumenta que se está criminalizando a servicios y profesionales sin fundamento legal, lo que podría suponer una vulneración de derechos fundamentales como la libertad de información y el acceso a recursos digitales legítimos.

El impacto no es solo institucional. Miles de usuarios de operadores como Movistar y O2 han reportado incidencias en sus conexiones, afectando al acceso a webs de uso profesional y personal sin relación alguna con el fútbol. La avalancha de reclamaciones exige compensaciones por la pérdida de servicio y la imposibilidad de acceder a contenidos y plataformas esenciales durante horas o incluso días.

Mientras LaLiga presume de haber detectado más de 3.000 emisiones ilegales por partido y de utilizar sistemas avanzados de machine learning y big data, los resultados reales son cuestionables. La piratería no ha desaparecido; simplemente se ha adaptado, eludiendo los bloqueos y encontrando nuevas vías de distribución. Mientras tanto, las víctimas colaterales son los negocios legítimos y los usuarios, que ven cómo sus servicios se ven interrumpidos sin aviso ni justificación.

Además, el uso indiscriminado de bloqueos IP está generando conflictos internacionales. Compañías tecnológicas y plataformas como Google Cloud, Amazon Web Services y Cloudflare ven dañada su reputación y su infraestructura afectada por decisiones tomadas sin diálogo ni evaluación técnica previa. La situación ha llegado al punto de ser un caso de estudio en foros internacionales sobre gobernanza de Internet y censura digital.

La pregunta clave es si una organización privada, por muy relevantes que sean sus derechos audiovisuales, puede seguir ejerciendo este tipo de medidas que rozan la censura y vulneran el funcionamiento libre de Internet. La apertura del proceso judicial por parte del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona marcará un precedente importante.

Por ahora, la percepción social es clara: la estrategia de LaLiga y Telefónica no solo es ineficaz para erradicar la piratería, sino que se está convirtiendo en un grave problema para el ecosistema digital español. La confianza de empresas, usuarios y operadores se resquebraja, y la presión para encontrar un modelo más racional, transparente y respetuoso con los derechos de todos es cada vez mayor.

El futuro de la lucha contra la piratería pasa por la innovación, la colaboración real con las plataformas tecnológicas y el respeto a la neutralidad de la red. LaLiga, lejos de justificar sus acciones con comunicados triunfalistas, debería replantear su estrategia antes de seguir dañando a quienes no tienen ninguna culpa en esta batalla.

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